Gobernabilidad democrática y democracia participativa: un nuevo enfoque para las ciudades inteligentes del siglo XXI


Por: David Melgoza Mora
Rogelio Rodríguez Rodríguez
Ante los cambios socio-económicos que se experimentan, particularmente dentro de los gobiernos metropolitanos, el desarrollo local y la atención de las problemáticas han adquirido gran importancia. Los gobiernos locales enfrentan hoy la necesidad de responder a los retos económicos y dar atención inmediata a sus necesidades y problemas internos, tales como infraestructura urbana, servicios públicos, espacio construido: vivienda, instituciones y empresas, cultura urbana, participación social, así como demandas sociales, desarrollo económico, problemas ambientales, etcétera.
El federalismo con descentralización permite la transferencia de recursos y funciones del gobierno federal hacia los gobiernos locales, éste tiene como propósito fundamental fortalecer la autonomía financiera y fiscal de los gobiernos, así como aumentar su capacidad de gestión para dar respuesta  a la población. El reto que la descentralización plantea a los gobiernos locales es modernizar y hacer más eficiente sus estructuras administrativas, así como sus procesos de planeación.
Los tiempos presentes reclaman mayor capacidad de acción de todos los sujetos que tienen propósitos u objetivos sociales que cumplir, dado que en tanto se alcancen, se reflejará y justificará su existencia. El reclamo es para todos los niveles de gobierno, por tal motivo traducir la decisión y la voluntad de generar respuestas a través de la gestión pública involucra los ámbitos público, privado y social, y el punto de referencia lo representa el ámbito gubernamental, dada su calidad de ente estatal, legal y al que legítimamente le corresponde procesar los reclamos realizados sobre el desarrollo y bienestar colectivo.
Es importante hacer referencia a los esfuerzos que los gobiernos locales están realizando para la construcción de un modelo de ciudad con un enfoque inteligente, que impulse una amplia participación de la sociedad civil, con gobernabilidad democrática, en donde se pueda ubicar y fortalecer el marco a partir del cual se desarrolla la vida social dentro de las ciudades; para tal efecto hay que poner atención a: a) la población b) el territorio c) el poder político, que da concreción a la facultad de mando legítimo sobre la sociedad y d) la autonomía, entendida como una capacidad de actuación soberana.
En ese propósito la gestión pública adquiere los instrumentos para el desarrollo de las “ciudades inteligentes”; desde ahí se realiza una compleja función de conducción que involucra a personas, objetos y el conjunto de organizaciones que la cumplen. Ésta es una compleja y muchas veces sutil tarea de manejo, que implica la promoción o gestión y la supervisión del proceso de producción, circulación y distribución de los bienes económicos.
Así, las ciudades inteligentes, en la actualidad, cobran una importancia significativa, más aún cuando la globalización las impacta en los ámbitos económico, político, social, cultural, etc., ello ha implicado la revaloración de sus principios y propósitos.
México debe continuar impulsando acciones que permitan el fortalecimiento de este modelo de ciudad para darle a la sociedad y a los diversos actores equilibrio bajo un esquema de sustentabilidad y bienestar social generalizado.
Las ciudades inteligentes tienen un referente de descentralización que representa un principio de organización de las diferentes comunidades en busca de asociación con fines y propósitos compartidos destacando en ellos:
·         Las ciudades inteligentes como espacios de poder público.
·         Las ciudades inteligentes como espacio de gestión.
·         Las ciudades inteligentes como espacio de participación social.
·         Las ciudades inteligentes como espacio de gobierno.
Aquí es importante el papel de la planeación, ya que ésta busca identificar los fenómenos y problemas más representativos del territorio, a efecto de poner énfasis en lo estratégico, centrando la atención en proyectos específicos de gran impacto; evitando con ello distraer la atención y los recursos de un universo de acciones de importancia menor, lo que a su vez coadyuva a lograr resultados mensurables que pueden ser evaluados.
De esta manera, la planeación de los modelos administrativos en las ciudades inteligentes es uno de los factores claves para la eficiencia de los gobiernos locales, al enfrentar con éxito la complejidad del desarrollo territorial, ya que constituye el cálculo que preside la implementación técnica y social de un proyecto político, con multiplicidad de actores sociales, situación que en algunas administraciones locales no se lleva a cabo bajo esquemas precisos que estén enfocado a los resultados, originando con ello la desarticulación de proyectos y programas, que en muchas ocasiones no son evaluados con los instrumentos correctos.
Un punto importante de este análisis es la medición que se haga a los programas y proyectos que implementen los gobiernos locales dentro de las pretendidas ciudades inteligentes, en sus respectivos ámbitos, esto con el propósito de verificar si se está cumpliendo con lo programado, por lo que es necesario que la administración pública genere una serie de mecanismos e instrumentos como indicadores de gestión que permitirán facilitar y cumplir los procesos de seguimiento y evaluación que forman parte de la planeación.
Derivado de la aplicación del seguimiento y la evaluación, se generará información sobre el desarrollo y cumplimiento de los  programas y proyectos institucionales, que servirá para apoyar la toma de decisiones y en consecuencia lograr administraciones eficaces y eficientes que impacten con resultados positivos en la resolución de la problemática social de las grandes ciudades como las zonas metropolitanas de la región del centro del país.
En nuestro país existen actualmente 56 zonas metropolitanas en las que vive más de la mitad de la población nacional, nueve con más de un millón de habitantes que en conjunto concentran 33. 5 millones de personas.
La Zona Metropolitana del Valle de México presenta condiciones muy particulares por su dimensión; en la cual los gobiernos municipales y delegacionales enfrentan la difícil tarea de dar solución a una demanda social que reclama resultados para superar los grandes problemas y rezagos que se viven en varios aspectos.
Por la gran complejidad que representan estas zonas metropolitanas, a su interior observamos que se hace necesario que las administraciones locales busquen acciones políticas que permitan el fortalecimiento de la participación social; bajo auténticos modelos de gobernabilidad, la práctica de la democracia participativa acerca al ideal del buen gobierno y de ciudad inteligente con territorios inteligentes.
El camino es largo toda vez que observamos que las grandes urbes o áreas metropolitanas carecen de estructuras político-administrativas maduras que permitan alcanzar niveles aceptables de gobernabilidad metropolitana, para afrontar el desafío de la competitividad, sustentabilidad y calidad de vida en un ámbito urbano, donde se respete al entorno ambiental en el que están asentadas.
Sin embargo, es importante analizar que hoy los municipios, en las ciudades inteligentes deben ser auténticos modelos a desarrollar dentro de las grandes metrópolis para construir alternativas de gobernabilidad metropolitana, a través de la resolución de conflictos por la vía de la negociación entre las partes directamente interesadas; evidentemente sabemos que el proceso es largo y complejo, pero los esfuerzos de los gobernantes y las administraciones locales permitirá, a través de la construcción progresiva e impulso de capitales sociales, al lado de la ciudadanía, la consolidación de redes horizontales y verticales entre los diversos actores, tanto públicos, privados y sociales, de los sistemas urbanos del país.
Es importante acotar que la construcción de una gobernabilidad metropolitana exige que el producto (reducción de externalidades, creación de economías de escala y suministro de servicios metropolitanos específicos) y el proceso (voz, transparencia y rendición de cuentas) del programa metropolitano no puedan ser aislados como si fueran ejes diferentes de la gestión pública.
Por ello, los gobiernos locales deben considerar que la legitimidad política y la voz han pasado a ser factores decisivos en los procesos de la gobernabilidad democrática.
Otro punto a considerar es que dentro del fortalecimiento de la gobernabilidad deben crearse mecanismos cooperativos entre los agentes urbanos que permitan la construcción progresiva del capital social y la introducción de una funcionalidad más racional de los sistemas ya existentes y, finalmente, se hace necesario robustecer marcos más amplios y flexibles para las redes de política y participación social, que podrían ser complementados con estructuras gerenciales y financieras que incentiven la formación de mecanismos cooperativos, tendientes a obtener procedimientos colectivos de toma de decisiones entre los actores locales.
Así mismo, dentro de los municipios y las ciudades inteligentes deben considerarse la participación social bajo la aplicación de políticas de participación ciudadana, que permitan impulsar una auténtica democracia participativa ante los retos y complejidad para la toma de decisiones. Debemos tomar en cuenta que este tipo de políticas posibilitan una mayor transparencia y dotan a los gobiernos locales de mayor legitimidad, al tiempo que puede ser un instrumento político eficaz para la lucha contra la exclusión y la desigualdad  social que predomina en las grandes ciudades del siglo XXI.
La participación ciudadana es, por naturaleza, comunicación e interacción entre los seres humanos, esto les permite conocer, entender y crear un ambiente de convivencia y participación, así como conocimiento de los programas y políticas públicas que aplican los gobiernos locales.
El concepto de democracia participativa envuelve y amplia el de democracia representativa; éste no hace desaparecer sus características, sino que las reinterpreta con un criterio distinto de la relación entre el poder público construido con la amplia participación ciudadana, la sociedad en su conjunto y el Estado, como ente universal que representa oficialmente los intereses de cada  sociedad nacional frente al mundo.
Con esta nueva mirada, la democracia no se agota únicamente en el ejercicio del voto. En la democracia participativa la expresión ciudadana debe tener materialmente efectividad, la representación efectiva es por lo tanto una característica  inescindible del derecho ciudadano al ejercicio del poder público a través de sus representantes.
Los principios básicos de la  democracia, entendida ésta como un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas, en la que siempre debe estar prevista y propiciada la más amplia participación posible, debe ser uno de los elementos insustituibles para continuar fortaleciéndonos como un país libre, aspiración vigente de todos los pueblos.
La libertad completa de un país se compone en realidad de tres tipos de libertades:
  • Las civiles, que se refieren al imperio de la ley, la libertad de tránsito, de expresión, de prensa, etcétera.
  • Las económicas, referidas a un sistema bancario autónomo, un mercado regido por las leyes de la oferta y la demanda, la libertad para enajenar y poseer bienes, etc., sin soslayar el sentido social.
  • Las políticas, referidas a elecciones limpias, el sufragio universal, el respeto al voto, la división de poderes y autoridades electorales independientes.
Cabe recordar que Norberto Bobbio establece que “el  desarrollo de la democracia desde comienzos del siglo pasado coincide con la extensión progresiva de los derechos políticos, es decir, del derecho de participar, aunque sea por medio de la elección de representantes, en la formación de la voluntad colectiva”[1].
La gran interrogante en este nuevo siglo es: ¿cuál es entonces la innovación que introdujo la democracia participativa? En este sentido podemos indicar que en ella, es la ciudadanía quien delibera y decide, mientras que a los representantes electos les queda relegada la función de ejecutar y rendir cuentas sobre la gestión pública; en este tipo de democracia la lógica participativa hace primar mecanismos participativos, inclusive hace manifiesta una revaloración y resignificación del ejercicio pleno de la ciudadanía[2].
Por otra parte, en la democracia representativa que todos conocemos, la ciudadanía elige a sus representantes en el proceso electoral y delega a ellos todos sus derechos, otorgándoles facultades para deliberar, decidir y ejecutar; originando en muchos casos alejamiento entre el legislador, el administrador y el ciudadano.
En este sentido se hace necesario fortalecer el marco de la democracia participativa, en el que la debilitada imagen de la ciudadanía se fortalece y se recupera, y el ciudadano se convierte en un actor protagónico en el proceso de construcción de una nueva modalidad de toma de decisiones. Bajo un proceso de participación, la democracia se amplía y se vuelve inclusiva, fijando prioridades para la atención de demandas, deliberando y asumiendo un rol de control sobre la gestión de las políticas públicas.
Es aquí donde la democracia participativa retoma singular importancia, ya que busca favorecer el interés y provocar preocupación y ocupación en la ciudadanía, respecto a los asuntos públicos, reduciendo, por un lado, la apatía y, por el otro, el poder público concentrado en élites y grupos clientelares, para que nadie condicione apoyos hacia el electorado a cambio de votos.
La sociedad actual es muy compleja, los problemas también, por ello los movimientos sociales son heterogéneos y diversos en sus intereses y potencialidades, actuación, dimensión, tamaño e influencia. Aquí la lucha es dura y la correlación de fuerzas muy desigual, por ello, la fuerza de los movimientos sociales debe residir en su horizontalidad y en la amplia participación, en la definición colectiva del problema y su solución, en la cooperación, el diálogo y la negociación; en la unificación de intereses y fortalezas; por eso los liderazgos deben ser flexibles adecuados a las diversas situaciones[3].
Concluimos afirmando que en conjunto, gobierno y sociedad, deben promover la democracia participativa, pues la democracia es un sistema político y ético que ofrece al ciudadano la capacidad de participar en decisiones orientadas a desarrollar una economía socialmente justa, pero fundamentalmente humanista; en ella caben proyectos enmarcados desde la democracia dirigida, la cogestión entre el Estado y las diferentes fuerzas sociales de la ciudad e incluso, en algunos casos, hasta la autogestión, tal y como lo hemos visto de el campo de la vivienda y otros proyectos comunitarios donde la autoridad pública llega detrás de la iniciativa ciudadana.
En todo caso, la propuesta es que el Estado, los gobiernos metropolitanos y los gobiernos locales, enfaticen sus capacidades de receptividad frente a las demandas de un desarrollo sustentable y con calidad de vida para todos, propiciando la consolidación de municipios y ciudades inteligentes, con organizaciones públicas inteligentes y territorios inteligentes.




[1] Norberto Bobbio, (1999), Estado, Gobierno y Sociedad, Fondo de Cultura Económica: México, p. 203.

[2] Raúl Point, (2000), “Democracia Representativa y Democracia Participativa” en Democracia, Participación y Ciudadanía una visión de izquierda, Palmarinca: Brasil.
[3] Isabel Rauber, (1997), Actores sociales, luchas reivindicativas y política popular, UMA: 2ª  edición, Buenos Aires.