Lic. Ernesto Nemer Àlvarez, Subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno de la República, es distinguido Socio Numerario de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México y pronunció un importante Discurso en la Legión de Honor Nacional de México.
De acuerdo con estimaciones del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval,
de los 117 millones de mexicanos que vivimos en nuestro país, poco más de 53
millones se encuentran en algún tipo de pobreza es decir, que tienen una o más
carencias de: alimentación, educación, salud, ingreso, seguridad social, y
calidad y servicios básicos en la vivienda.
De éstos, alrededor de 27
millones carece de una alimentación básica.
Igualmente dramático es que más
de 11 millones y medio de personas vivan en pobreza extrema, es decir con
ingresos inferiores a la línea de bienestar económico que es de 2 mil 329 pesos
en el ámbito urbano y de mil 490 pesos en zonas rurales.
Si bien estos datos hablan por
sí mismos, diversos y complejos son los temas que ocupan la agenda de la
política social aunque, sin duda, como podemos observar, el combate a la
pobreza alimentaria es el primero de ellos y el más apremiante por atender.
Permítanme con esta reflexión
plantear brevemente algunas interrogantes.
¿Por qué si han sido crecientes
los recursos destinados al desarrollo social no disminuye la pobreza?
Como ustedes saben, el
presupuesto para desarrollo social se incrementa anualmente.
Sin embargo, en razón del
diseño institucional y la operación de la administración pública federal, había
sido una constante que la aplicación de dichos recursos se orientara con un
enfoque sectorial, lo que llevó por décadas a direccionar recursos de manera
que se generaban duplicidades o incluso no se dirigían los apoyos a los grupos
de población con mayores carencias, de igual forma la ejecución de acciones no
estaba vinculada entre las dependencias propiciando con ello, inconsistencias
en su ejercicio.
Además de esto, gran parte de
los recursos se destinaban a acciones asistenciales, reproduciendo la pobreza
entre generaciones.
Es decir, aunque se cuenta con
recursos, el efecto de su aplicación no ha sido positivo, en virtud de
asignarse a la ejecución de muchos programas y acciones, sin tomar en cuenta
una perspectiva integral, para el beneficio de una misma familia.
Por ello, el señor Presidente
de la República consideró importante implementar un nuevo diseño de la
administración pública que reconozca que la atención a estos complejos
fenómenos de desigualdad y pobreza no puede darse de manera aislada por una
sola Secretaría o dependencia, sino por el contrario, debe imperar una visión
integral y por tanto multisectorial.
La estrategia de la Cruzada
Nacional contra el Hambre pretende una solución estructural y permanente a la
carencia alimentaria, en la cual participan de manera articulada 19
dependencias federales y se suman más de 90 programas, así como los gobiernos
estatales y el Distrito Federal y, por supuesto, los gobiernos municipales.
Un segundo tema de esta agenda
es la desigualdad, las brechas en nuestro país son drásticamente opuestas y se
manifiestan de manera evidente a lo largo de las regiones, estados y
municipios.
En este punto, permítanme
detenerme para pedirles que pensemos por un momento sobre este ejemplo: las
condiciones de vida y el entorno comunitario de un niño de 10 años de edad de
San Felipe del Progreso, Estado de México, son completamente distintas a las de
un niño que vive en la colonia del Valle de esta ciudad.
Los dos niños son mexicanos,
pero con distintas posibilidades al no tener el mismo acceso a la alimentación,
a la educación, a la salud y a la información. Esto, como ustedes pueden
observar, limita -de manera inadmisible-, el desarrollo de las capacidades y el
ejercicio de los derechos de uno de ellos.
Aún cuando la constitución los
protege a ambos y les da la misma calidad jurídica, la realidad social se
sobrepone propiciando una brecha de desigualdad pero, sobre todo, violentando
sus derechos y garantías sociales elementales.
Por otra parte, merece especial
atención el revisar la dinámica demográfica de nuestro país, la cual presenta
un número creciente de población de adultos mayores.
La población mayor de 60 años
asciende a más de 10 millones y representa el 9% del total nacional.
En 2010, de un total de cerca
de 25 millones de hogares, se identificaron casi 7 millones con al menos un
adulto mayor.
Hoy, la tendencia internacional
es considerar en el rango de los mayores de edad a quienes tienen de 65 años en
adelante. En nuestro país, en 4.5 millones de hogares habitan adultos mayores
que no cuentan con ningún tipo de pensión ni jubilación, por lo que la carencia
de ingreso a esa edad limita, muy lamentablemente, el ejercicio de sus derechos
elementales como la alimentación y la salud.
