Rogelio Rodríguez Rodríguez
Ante
los cambios socio-económicos que se experimentan, particularmente dentro de los
gobiernos metropolitanos, el desarrollo local y la atención de las problemáticas
han adquirido gran importancia. Los gobiernos locales enfrentan hoy la
necesidad de responder a los retos económicos y dar atención inmediata a sus
necesidades y problemas internos, tales como infraestructura urbana, servicios
públicos, espacio construido: vivienda, instituciones y empresas, cultura
urbana, participación social, así como demandas sociales, desarrollo económico,
problemas ambientales, etcétera.
El
federalismo con descentralización permite la transferencia de recursos y
funciones del gobierno federal hacia los gobiernos locales, éste tiene como propósito
fundamental fortalecer la autonomía financiera y fiscal de los gobiernos, así
como aumentar su capacidad de gestión para dar respuesta a la población. El reto que la
descentralización plantea a los gobiernos locales es modernizar y hacer más
eficiente sus estructuras administrativas, así como sus procesos de planeación.
Los
tiempos presentes reclaman mayor capacidad de acción de todos los sujetos que
tienen propósitos u objetivos sociales que cumplir, dado que en tanto se
alcancen, se reflejará y justificará su existencia. El reclamo es para todos
los niveles de gobierno, por tal motivo traducir la decisión y la voluntad de
generar respuestas a través de la gestión pública involucra los ámbitos
público, privado y social, y el punto de referencia lo representa el ámbito
gubernamental, dada su calidad de ente estatal, legal y al que legítimamente le
corresponde procesar los reclamos realizados sobre el desarrollo y bienestar
colectivo.
Es
importante hacer referencia a los esfuerzos que los gobiernos locales están
realizando para la construcción de un modelo de ciudad con un enfoque inteligente,
que impulse una amplia participación de la sociedad civil, con gobernabilidad
democrática, en donde se pueda ubicar y fortalecer el marco a partir del cual
se desarrolla la vida social dentro de las ciudades; para tal efecto hay que
poner atención a: a) la población b) el territorio c) el poder político, que da
concreción a la facultad de mando legítimo sobre la sociedad y d) la autonomía,
entendida como una capacidad de actuación soberana.
En
ese propósito la gestión pública adquiere los instrumentos para el desarrollo
de las “ciudades inteligentes”; desde ahí se realiza una compleja función de
conducción que involucra a personas, objetos y el conjunto de organizaciones
que la cumplen. Ésta es una compleja y muchas veces sutil tarea de manejo, que
implica la promoción o gestión y la supervisión del proceso de producción,
circulación y distribución de los bienes económicos.
Así,
las ciudades inteligentes, en la
actualidad, cobran una importancia significativa, más aún cuando la
globalización las impacta en los ámbitos económico, político, social, cultural,
etc., ello ha implicado la revaloración de sus principios y propósitos.
México
debe continuar impulsando acciones que permitan el fortalecimiento de este
modelo de ciudad para darle a la sociedad y a los diversos actores equilibrio
bajo un esquema de sustentabilidad y bienestar social generalizado.
Las
ciudades inteligentes tienen un
referente de descentralización que representa un principio de organización de
las diferentes comunidades en busca de asociación con fines y propósitos compartidos
destacando en ellos:
·
Las
ciudades inteligentes como espacios
de poder público.
·
Las
ciudades inteligentes como espacio de
gestión.
·
Las
ciudades inteligentes como espacio de
participación social.
·
Las
ciudades inteligentes como espacio de
gobierno.
Aquí
es importante el papel de la planeación, ya que ésta busca identificar los
fenómenos y problemas más representativos del territorio, a efecto de poner
énfasis en lo estratégico, centrando la atención en proyectos específicos de
gran impacto; evitando con ello distraer la atención y los recursos de un
universo de acciones de importancia menor, lo que a su vez coadyuva a lograr
resultados mensurables que pueden ser evaluados.
De
esta manera, la planeación de los modelos administrativos en las ciudades inteligentes es uno de los
factores claves para la eficiencia de los gobiernos locales, al enfrentar con
éxito la complejidad del desarrollo territorial, ya que constituye el cálculo
que preside la implementación técnica y social de un proyecto político, con multiplicidad
de actores sociales, situación que en algunas administraciones locales no se
lleva a cabo bajo esquemas precisos que estén enfocado a los resultados,
originando con ello la desarticulación de proyectos y programas, que en muchas
ocasiones no son evaluados con los instrumentos correctos.
Un
punto importante de este análisis es la medición que se haga a los programas y
proyectos que implementen los gobiernos locales dentro de las pretendidas ciudades inteligentes, en sus
respectivos ámbitos, esto con el propósito de verificar si se está cumpliendo
con lo programado, por lo que es necesario que la administración pública genere
una serie de mecanismos e instrumentos como indicadores de gestión que permitirán
facilitar y cumplir los procesos de seguimiento y evaluación que forman parte
de la planeación.
Derivado
de la aplicación del seguimiento y la evaluación, se generará información sobre
el desarrollo y cumplimiento de los
programas y proyectos institucionales, que servirá para apoyar la toma
de decisiones y en consecuencia lograr administraciones eficaces y eficientes
que impacten con resultados positivos en la resolución de la problemática
social de las grandes ciudades como las zonas metropolitanas de la región del
centro del país.
En
nuestro país existen actualmente 56 zonas metropolitanas en las que vive más de
la mitad de la población nacional, nueve con más de un millón de habitantes que
en conjunto concentran 33. 5 millones de personas.
La
Zona Metropolitana del Valle de México presenta condiciones muy particulares
por su dimensión; en la cual los gobiernos municipales y delegacionales
enfrentan la difícil tarea de dar solución a una demanda social que reclama
resultados para superar los grandes problemas y rezagos que se viven en varios
aspectos.
Por
la gran complejidad que representan estas zonas metropolitanas, a su interior
observamos que se hace necesario que las administraciones locales busquen
acciones políticas que permitan el fortalecimiento de la participación social; bajo
auténticos modelos de gobernabilidad, la práctica de la democracia participativa
acerca al ideal del buen gobierno y de ciudad
inteligente con territorios inteligentes.
El
camino es largo toda vez que observamos que las grandes urbes o áreas
metropolitanas carecen de estructuras político-administrativas maduras que
permitan alcanzar niveles aceptables de gobernabilidad metropolitana, para
afrontar el desafío de la competitividad, sustentabilidad y calidad de vida en
un ámbito urbano, donde se respete al entorno ambiental en el que están asentadas.
Sin
embargo, es importante analizar que hoy los municipios, en las ciudades inteligentes deben ser auténticos
modelos a desarrollar dentro de las grandes metrópolis para construir
alternativas de gobernabilidad metropolitana, a través de la resolución de
conflictos por la vía de la negociación entre las partes directamente
interesadas; evidentemente sabemos que el proceso es largo y complejo, pero los
esfuerzos de los gobernantes y las administraciones locales permitirá, a través
de la construcción progresiva e impulso de capitales sociales, al lado de la
ciudadanía, la consolidación de redes horizontales y verticales entre los
diversos actores, tanto públicos, privados y sociales, de los sistemas urbanos
del país.
Es
importante acotar que la construcción de una gobernabilidad metropolitana exige
que el producto (reducción de externalidades, creación de economías de escala y
suministro de servicios metropolitanos específicos) y el proceso (voz,
transparencia y rendición de cuentas) del programa metropolitano no puedan ser
aislados como si fueran ejes diferentes de la gestión pública.
Por
ello, los gobiernos locales deben considerar que la legitimidad política y la voz
han pasado a ser factores decisivos en los procesos de la gobernabilidad
democrática.
Otro
punto a considerar es que dentro del fortalecimiento de la gobernabilidad deben
crearse mecanismos cooperativos entre los agentes urbanos que permitan la
construcción progresiva del capital social y la introducción de una funcionalidad
más racional de los sistemas ya existentes y, finalmente, se hace necesario
robustecer marcos más amplios y flexibles para las redes de política y
participación social, que podrían ser complementados con estructuras
gerenciales y financieras que incentiven la formación de mecanismos
cooperativos, tendientes a obtener procedimientos colectivos de toma de
decisiones entre los actores locales.
Así
mismo, dentro de los municipios y las ciudades
inteligentes deben considerarse la participación social bajo la aplicación
de políticas de participación ciudadana, que permitan impulsar una auténtica
democracia participativa ante los retos y complejidad para la toma de
decisiones. Debemos tomar en cuenta que este tipo de políticas posibilitan una
mayor transparencia y dotan a los gobiernos locales de mayor legitimidad, al
tiempo que puede ser un instrumento político eficaz para la lucha contra la
exclusión y la desigualdad social que
predomina en las grandes ciudades del siglo XXI.
La
participación ciudadana es, por naturaleza, comunicación e interacción entre
los seres humanos, esto les permite conocer, entender y crear un ambiente de
convivencia y participación, así como conocimiento de los programas y políticas
públicas que aplican los gobiernos locales.
El
concepto de democracia participativa envuelve y amplia el de democracia
representativa; éste no hace desaparecer sus características, sino que las
reinterpreta con un criterio distinto de la relación entre el poder público
construido con la amplia participación ciudadana, la sociedad en su conjunto y el
Estado, como ente universal que representa oficialmente los intereses de
cada sociedad nacional frente al mundo.
Con
esta nueva mirada, la democracia no se agota únicamente en el ejercicio del
voto. En la democracia participativa la expresión ciudadana debe tener
materialmente efectividad, la representación efectiva es por lo tanto una
característica inescindible del derecho
ciudadano al ejercicio del poder público a través de sus representantes.
Los principios
básicos de la democracia, entendida ésta
como un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas, en
la que siempre debe estar prevista y propiciada la más amplia participación
posible, debe ser uno de los elementos insustituibles para continuar
fortaleciéndonos como un país libre, aspiración vigente de todos los pueblos.
La
libertad completa de un país se compone en realidad de tres tipos de
libertades:
- Las
civiles, que se refieren al imperio de la ley, la libertad de tránsito, de
expresión, de prensa, etcétera.
- Las
económicas, referidas a un sistema bancario autónomo, un mercado regido
por las leyes de la oferta y la demanda, la libertad para enajenar y
poseer bienes, etc., sin soslayar el sentido social.
- Las
políticas, referidas a elecciones limpias, el sufragio universal, el respeto
al voto, la división de poderes y autoridades electorales independientes.
Cabe
recordar que Norberto Bobbio establece que “el
desarrollo de la democracia desde comienzos del siglo pasado coincide
con la extensión progresiva de los derechos políticos, es decir, del derecho de
participar, aunque sea por medio de la elección de representantes, en la
formación de la voluntad colectiva”[1].
La
gran interrogante en este nuevo siglo es: ¿cuál es entonces la innovación que
introdujo la democracia participativa? En este sentido podemos indicar que en
ella, es la ciudadanía quien delibera y decide, mientras que a los
representantes electos les queda relegada la función de ejecutar y rendir
cuentas sobre la gestión pública; en este tipo de democracia la lógica
participativa hace primar mecanismos participativos, inclusive hace manifiesta
una revaloración y resignificación del ejercicio pleno de la ciudadanía[2].
Por
otra parte, en la democracia representativa que todos conocemos, la ciudadanía
elige a sus representantes en el proceso electoral y delega a ellos todos sus
derechos, otorgándoles facultades para deliberar, decidir y ejecutar;
originando en muchos casos alejamiento entre el legislador, el administrador y
el ciudadano.
En
este sentido se hace necesario fortalecer el marco de la democracia participativa,
en el que la debilitada imagen de la ciudadanía se fortalece y se recupera, y
el ciudadano se convierte en un actor protagónico en el proceso de construcción
de una nueva modalidad de toma de decisiones. Bajo un proceso de participación,
la democracia se amplía y se vuelve inclusiva, fijando prioridades para la
atención de demandas, deliberando y asumiendo un rol de control sobre la
gestión de las políticas públicas.
Es
aquí donde la democracia participativa retoma singular importancia, ya que
busca favorecer el interés y provocar preocupación y ocupación en la ciudadanía,
respecto a los asuntos públicos, reduciendo, por un lado, la apatía y, por el
otro, el poder público concentrado en élites y grupos clientelares, para que
nadie condicione apoyos hacia el electorado a cambio de votos.
La
sociedad actual es muy compleja, los problemas también, por ello los
movimientos sociales son heterogéneos y diversos en sus intereses y
potencialidades, actuación, dimensión, tamaño e influencia. Aquí la lucha es
dura y la correlación de fuerzas muy desigual, por ello, la fuerza de los
movimientos sociales debe residir en su horizontalidad y en la amplia
participación, en la definición colectiva del problema y su solución, en la
cooperación, el diálogo y la negociación; en la unificación de intereses y
fortalezas; por eso los liderazgos deben ser flexibles adecuados a las diversas
situaciones[3].
Concluimos
afirmando que en conjunto, gobierno y sociedad, deben promover la democracia
participativa, pues la democracia es un sistema político y ético que ofrece al
ciudadano la capacidad de participar en decisiones orientadas a desarrollar una
economía socialmente justa, pero fundamentalmente humanista; en ella caben
proyectos enmarcados desde la democracia dirigida, la cogestión entre el Estado
y las diferentes fuerzas sociales de la ciudad e incluso, en algunos casos,
hasta la autogestión, tal y como lo hemos visto de el campo de la vivienda y
otros proyectos comunitarios donde la autoridad pública llega detrás de la
iniciativa ciudadana.
En
todo caso, la propuesta es que el Estado, los gobiernos metropolitanos y los
gobiernos locales, enfaticen sus capacidades de receptividad frente a las
demandas de un desarrollo sustentable y con calidad de vida para todos,
propiciando la consolidación de municipios y ciudades inteligentes, con organizaciones públicas inteligentes y
territorios inteligentes.
[2] Raúl Point, (2000),
“Democracia Representativa y Democracia Participativa” en Democracia, Participación y Ciudadanía una visión de izquierda, Palmarinca:
Brasil.
[3] Isabel Rauber,
(1997), Actores sociales, luchas
reivindicativas y política popular, UMA: 2ª
edición, Buenos Aires.
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