POBREZA Y DESIGUALDAD SOCIAL

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Lic. Ernesto Nemer Àlvarez, Subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno de la República, es distinguido Socio Numerario de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México y pronunció un importante Discurso en la Legión de Honor Nacional de México.

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, de los 117 millones de mexicanos que vivimos en nuestro país, poco más de 53 millones se encuentran en algún tipo de pobreza es decir, que tienen una o más carencias de: alimentación, educación, salud, ingreso, seguridad social, y calidad y servicios básicos en la vivienda.

De éstos, alrededor de 27 millones carece de una alimentación básica.

Igualmente dramático es que más de 11 millones y medio de personas vivan en pobreza extrema, es decir con ingresos inferiores a la línea de bienestar económico que es de 2 mil 329 pesos en el ámbito urbano y de mil 490 pesos en zonas rurales.

Si bien estos datos hablan por sí mismos, diversos y complejos son los temas que ocupan la agenda de la política social aunque, sin duda, como podemos observar, el combate a la pobreza alimentaria es el primero de ellos y el más apremiante por atender.

Permítanme con esta reflexión plantear brevemente algunas interrogantes.

¿Por qué si han sido crecientes los recursos destinados al desarrollo social no disminuye la pobreza?

Como ustedes saben, el presupuesto para desarrollo social se incrementa anualmente.

Sin embargo, en razón del diseño institucional y la operación de la administración pública federal, había sido una constante que la aplicación de dichos recursos se orientara con un enfoque sectorial, lo que llevó por décadas a direccionar recursos de manera que se generaban duplicidades o incluso no se dirigían los apoyos a los grupos de población con mayores carencias, de igual forma la ejecución de acciones no estaba vinculada entre las dependencias propiciando con ello, inconsistencias en su ejercicio.

Además de esto, gran parte de los recursos se destinaban a acciones asistenciales, reproduciendo la pobreza entre generaciones.

Es decir, aunque se cuenta con recursos, el efecto de su aplicación no ha sido positivo, en virtud de asignarse a la ejecución de muchos programas y acciones, sin tomar en cuenta una perspectiva integral, para el beneficio de una misma familia.

Por ello, el señor Presidente de la República consideró importante implementar un nuevo diseño de la administración pública que reconozca que la atención a estos complejos fenómenos de desigualdad y pobreza no puede darse de manera aislada por una sola Secretaría o dependencia, sino por el contrario, debe imperar una visión integral y por tanto multisectorial.

La estrategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre pretende una solución estructural y permanente a la carencia alimentaria, en la cual participan de manera articulada 19 dependencias federales y se suman más de 90 programas, así como los gobiernos estatales y el Distrito Federal y, por supuesto, los gobiernos municipales.

Un segundo tema de esta agenda es la desigualdad, las brechas en nuestro país son drásticamente opuestas y se manifiestan de manera evidente a lo largo de las regiones, estados y municipios.

En este punto, permítanme detenerme para pedirles que pensemos por un momento sobre este ejemplo: las condiciones de vida y el entorno comunitario de un niño de 10 años de edad de San Felipe del Progreso, Estado de México, son completamente distintas a las de un niño que vive en la colonia del Valle de esta ciudad.

Los dos niños son mexicanos, pero con distintas posibilidades al no tener el mismo acceso a la alimentación, a la educación, a la salud y a la información. Esto, como ustedes pueden observar, limita -de manera inadmisible-, el desarrollo de las capacidades y el ejercicio de los derechos de uno de ellos.

Aún cuando la constitución los protege a ambos y les da la misma calidad jurídica, la realidad social se sobrepone propiciando una brecha de desigualdad pero, sobre todo, violentando sus derechos y garantías sociales elementales.

Por otra parte, merece especial atención el revisar la dinámica demográfica de nuestro país, la cual presenta un número creciente de población de adultos mayores.
La población mayor de 60 años asciende a más de 10 millones y representa el 9% del total nacional.

En 2010, de un total de cerca de 25 millones de hogares, se identificaron casi 7 millones con al menos un adulto mayor.

Hoy, la tendencia internacional es considerar en el rango de los mayores de edad a quienes tienen de 65 años en adelante. En nuestro país, en 4.5 millones de hogares habitan adultos mayores que no cuentan con ningún tipo de pensión ni jubilación, por lo que la carencia de ingreso a esa edad limita, muy lamentablemente, el ejercicio de sus derechos elementales como la alimentación y la salud.


Otro fenómeno cada vez más creciente, es que en México 7 millones de mujeres son jefas de familia. Es bien sabido que 1 de cada 4 hogares lo encabeza una mujer y por tanto la pregunta obligada es:

¿Cuál es la responsabilidad que tienen las mujeres para con ellas y con sus hijos?

 Ser padre y madre al mismo tiempo

 Proveer la mayor parte del ingreso o su totalidad

 Ser amas de casa,

 Cocineras,

 Maestras,

 Enfermeras, y

 Proteger a su familia y, por si eso fuera poco, son líderes de sus comunidades que gestionan permanentemente mejoras para sus localidades.

 ¡Son, verdaderamente, la columna vertebral de la familia y de la sociedad!

Frente a esta condición, ha sido fundamental generar un nuevo modelo, un nuevo esquema de seguridad social que brinde una base de protección y contribuya a garantizar el derecho de sus hijos para que, en caso de faltar su mamá, puedan tener acceso a la educación hasta el nivel universitario.

Estos esquemas de seguridad son conocidos como de nueva generación, pues buscan garantizar los derechos sociales de manera más efectiva.

Ahora bien, consideremos juntos un par de temas más:

¿Para quién de nosotros no es evidente el contraste social entre comunidades rurales y urbanas?

¿Quién no ha visto cómo se expresa la pobreza en familias rurales?

 Viven en casas endebles que están expuestas a las filtraciones de la lluvia y del polvo, están construidas con materiales débiles y pisos de tierra y falta de servicios, generando enfermedades que causan la muerte,

 Su atención médica es precaria, y,

 La preparación de sus hijos en escuelas es deficiente

Por otro lado ¿quiénes no han podido palpar el dramatismo de la pobreza urbana?

 Se asientan en terrenos irregulares

 Sin servicios básicos

 En unidades habitacionales en donde viven familias con hacinamiento, y

 Reproducen contextos de violencia de género o intrafamiliar, fundamentalmente

¿Qué implican estos contrastes?

Que la política social debe de ser diferenciada y tomar en cuenta el contexto sí geográfico, pero también cultural, diseñando políticas públicas adecuadas a cada una de las distintas realidades que presenta nuestro país.

Como lo sabemos, no ha bastado con la implementación de políticas y programas sociales, la política social permite compensar esas desigualdades aunque, hasta el momento, no ha logrado revertir progresivamente estos fenómenos.

Esto obliga a transitar a un nuevo modelo de política social, a uno de nueva generación.

¿Qué significa el término “nueva generación”?

Superar el asistencialismo, desarrollando la capacidad productiva de las personas y sus comunidades y que permita entender que no hay mejor manera de combatir la pobreza que generando crecimiento, empleo, autoempleo y una mejor distribución del ingreso.

Adicionalmente, las obras y acciones de gobierno deben atenderse no sólo sectorialmente, sino focalizadamente.

El esfuerzo de coordinación es fundamental, constituyéndose la Comisión Intersecretarial que coordina la señora Secretaria de Desarrollo Social para atender la pobreza extrema y carencia alimentaria, así como el involucramiento de la sociedad civil, a través del Comité 
Técnico de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Otro ejemplo relevante de este nuevo direccionamiento de política pública, es el esfuerzo que ha implicado transformar el programa de subsidios más grande e importante de nuestro país en el que confluyen acciones de salud, educación e ingreso, incorporando el componente que otorga una salida productiva.

Este tránsito del asistencialismo a la institucionalización de una política social de desarrollo de capacidades no sólo es tarea del Estado, sino que involucra los esfuerzos, voluntades y recursos de los diversos actores de la sociedad mexicana.

Ustedes dirán ¿pero todo este marco institucional de programas al ser responsabilidad del Estado, no debería estar garantizada su implementación?

En efecto, la política social está sustentada principalmente en los artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 123 constitucionales que señalan que la no discriminación, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, son derechos que garantiza a todos los mexicanos.

El reconocimiento de los derechos sociales es uno de los objetivos de la política social del gobierno federal y ha sido empeño de nuestro país, a lo largo de los años, tratar de hacerlos efectivos; entonces, lo que requerimos es una nueva visión que va más allá de reconocerlos.

Ante una realidad desigual que todos conocemos, el esfuerzo del Estado debe ser mayúsculo para alcanzar la justicia social. Esto exige articular una política social diferenciada que tome en cuenta el perfil de las regiones, estados, municipios y grupos sociales. Permítanme concluir con 2 afirmaciones:

Primero, nuestra nación merece contar con las opciones que le permitan ser protagonista de su propio desarrollo. La política social se transforma para dejar de ser asistencialista y ofrecer alternativas generadoras de ingreso, y Segundo, el estado de derecho y las garantías sociales deben materializarse, ser tangibles, efectivas y deben darnos la certeza a los mexicanos, de que el bienestar social es una realidad.

Esas son las cuentas que nos exige la sociedad y que queremos entregar a México.

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